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Las revelaciones sobre la confección del Contrato Plan liderado por la Alcaldía de Cali y la Cámara de Comercio comenzaron a superar el plano político y apuntan a convertirse en un escándalo de corrupción igual o superior al carrusel de la contratación en Bogotá.
El diputado a la Asamblea del Valle, Rubiel Antonio Muñoz Corrales, reveló que detrás de las buenas intenciones del G-11 lo que se han montado son negocios que benefician a un pequeño y exclusivo sector de la población, en este caso los empresarios y de manera directa al director de Planeación de Cali, Óscar Pardo, quien habría montadó una oficina en la Cámara de Comercio para cobrar por la estructuración de los proyectos que serán presentados al Gobierno Nacional.
Muñoz Corrales hizo las explosivas declaraciones el viernes pasado luego que se impidiera su acceso a una reunión con la bancada de congresistas del Valle que fue convocada por el alcalde Rodrigo Guerrero Velasco en la Sala de Juntas de la entidad gremial.
“La mayoría de los proyectos benefician a los empresarios y no a la sociedad en general. Por eso planteo que el Contrato Plan debe ser revisado y ajustado antes de su aprobación por parte del presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón”, explicó.
La queja del asambleísta tiene fundamento. Entre los proyectos del G-11 figuran iniciativas como un plan para mejorar las vías de la zona industrial de Yumbo por $7 mil millones, el montaje y operación de la infraestructura logística especializada en Buenaventura por $10 mil millones, la construcción de la segunda pista del Aeropuerto de Palmira por $307 mil millones, el montaje del Centro de Ciencia y Tecnología Automotriz de Colombia por $121 mil millones, la consolidación del Centro de Eventos Valle del Pacífico por $80 mil millones, la promoción de incubadoras de empresas de base tecnológica por $5.300 millones y el Plan Especial de la Zona Industrial de Yumbo, PEZI, por $300 mil millones, entre otras.
“El punto es que el Contrato Plan comprende la asignación de recursos para obras públicas por valor de $6.5 billones de los cuales 4 billones de pesos se quedarían en Cali y de esa cifra $1 billón 73 mil millones se destinan a la estructuración de los proyectos”, explicó.
Rubiel Muñoz reveló que lo delicado del asunto es que del billón 73 mil millones de pesos el 5 por ciento de los recursos se asignan para la fase de pre-inversión de cada uno de los proyectos. “Estamos hablando que quienes harán los estudios cobrarían más de 50 mil millones de pesos”.
El diputado aseguró que ese negocio lo está liderando el director de Planeación de Cali, Óscar Pardo, quien ya montó una oficina en la cámara de Comercio de Cali para prestar ese servicio.
“Eso genera dudas. En otras palabras, estos señores quieren pan y arepa, es decir, pretenden que les den la plata para estructurar los proyectos y los recursos para hacer las obras. Aquí lo que hicieron fue montar un negocio”.
El asambleísta agregó: “perdonen que yo tenga que hablar en estos términos. El Director de Planeación está cobrando por la estructuración de los proyectos cuando esa tarea la tienen que hacer los secretarios de planeación de cada uno de los municipios que integran el G-11”.
Muñoz Corrales sostuvo que si un alcalde quiere gestionar un proyecto en Bogotá debe llevarlo estructurado y criticó que el Director de Planeación de Cali pretenda opinar sobre lo que se debe hacer en los municipios vecinos cuando todavía no tenemos área metropolitana.
Contrato es inconveniente
El diputado Rubiel Muñoz, como lo hizo el representante a la Cámara, Juan Carlos Salazar, aseguró que el Contrato Plan que está en discusión excluyó a 31 municipios del Valle que representan a un millón de vallecaucanos.
“Eso llevó a que veintidós alcaldes del centro y norte del departamento armen una especie de sindicato y hagan la mitad más uno, que es la mayoría, para preguntarle al presidente Juan Manuel Santos si está dispuesto a firmar ese contrato dejándolos a ellos por fuera de la bolsa de recursos”, precisó.
“Lo que hemos analizado nosotros en la Asamblea es que este contrato solo beneficia a un sector de la población, en especial a los empresarios de Cali y no tiene un contenido social. Esto es lo que llevó al Gobernador del Valle a invocar la solidaridad de la duma porque él no se imaginó que ese tema se saliera de sus manos cuando debió haber sido liderado por el Director de Planeación del Valle”, anotó.
Acto seguido, Muñoz Corrales agregó que “a los diputados nos llama la atención que proyectos de verdadero interés regional como la recuperación de la cuenca del río Cauca, el desarrollo del Paisaje Cultural Cafetero del norte del Valle o la construcción de los Aeropuertos de Cartago y Buenaventura no aparezcan en el contrato plan”.
El diputado también manifestó que no están diciendo que no les den recursos a los municipios del G-11, que representan el 70 por ciento de la población del Valle sino que plantean que todos los recursos no pueden ser exclusivamente para ellos en detrimento del resto del departamento.
Finalmente, planteó que “como diputado tiene que reconocer que faltó diligencia por parte del director de Planeación Departamental, Cristian Garcés Aljure y que no tiene claro cuál es el papel que jugó el funcionario porque es de público conocimiento que representa los intereses de la oligarquía caleña y es cuota en el gobierno departamental de la Unidad de Acción Vallecaucana y no sé cómo va a salir librado de esta situación”.
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